Cozumel, Quintana Roo, 26 de enero de 2026.- La indignación de padres de familia del Colegio de Bachilleres de Cozumel ha alcanzado un punto crítico, y denuncian públicamente al director del plantel, Jorge Antonio Canul Poot, por presunto nepotismo, misoginia y uso indebido de recursos.
La inconformidad estalló tras la entrega de más de 200 mil pesos de la Sociedad de Padres de Familia y 100 mil pesos adicionales del Club Rotario para rehabilitar las canchas, recursos cuyo manejo ha sido calificado como opaco e irregular. El proyecto, que inició con un presupuesto cercano a los 80 mil pesos, fue encarecido con “ajustes” y “detalles adicionales” sin justificación clara, superando los 240 mil pesos.
La molestia se agravó al confirmarse que la obra fue asignada de manera directa al hijo del director, el arquitecto Edson, responsable de modificar el presupuesto inicial, y que para los padres, esto constituye un conflicto de interés evidente, prohibido por el Código de Conducta del Colegio de Bachilleres.
Lejos de atender las necesidades más urgentes del plantel, como una cafetería digna, no como la actual en condiciones precarias, los recursos se han destinado a obras de baja prioridad como la remodelación de la entrada, gestión, que señalan, refleja un patrón de abuso de poder y desvío de recursos.
Las acusaciones también alcanzan a su esposa, la exdirectora Suemy Hernández Cocom, quien habría exigido cooperaciones obligatorias para instalar una nueva red de internet, pese a contar con servicio funcional, bajo la amenaza de afectar calificaciones, por lo que padres y alumnos denuncian que prácticas coercitivas similares persisten: se condiciona el derecho a examen a obtener “likes” en redes sociales o a cooperar para comprar materiales.
Además, está en revisión la aplicación de los recursos del programa La Escuela es Nuestra, donde se sospecha que se repite la misma línea de presunta corrupción, y que los padres advierten que, si las autoridades escolares estatales no investigan a fondo, podría confirmarse una complicidad institucional que permitiría la continuidad de estas prácticas.
Para los inconformes, el Colegio de Bachilleres de Cozumel se ha convertido en un “negocio familiar” operado desde la dirección, con total libertad y sin supervisión. Por ello, hicieron un llamado directo a la gobernadora Mara Lezama Espinosa para intervenir y frenar lo que consideran un atentado contra la comunidad educativa.
En entrevista reciente, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, recordó que cualquier irregularidad puede denunciarse ante la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, los padres reconocen que el temor a represalias sigue siendo un obstáculo para muchos, lo que agrava la sensación de impunidad y vulnerabilidad dentro del plantel.
