Por Marcelo Salinas
En órbita: Fue retirada la iniciativa de reforma denominada “derecho a la propia imagen” en el Congreso del estado. También llamada «Ley Mordaza» o «Ley Censura«, había sido impulsada por María José Osorio (Verde), Hugo Alday (PT) y Ricardo Velazco (Morena). La diputada, promotora principal.
La propuesta pretendía modificar el Código Civil para regular el uso de la imagen de las personas, particularmente frente a los abusos de internet, la manipulación digital y las herramientas de inteligencia artificial. En teoría, una causa legítima; en la práctica, una iniciativa mal explicada o mal entendida.
El problema no era el objetivo, sino el riesgo.
La redacción -imprecisa y confusa para una mayoría- abría la puerta para que la difusión de imágenes pudiera haber sido objeto de duras demandas, incluso cuando se tratara de hechos de interés público. Ello encendió las alarmas entre periodistas, abogados y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
No tardaron en aparecer los motes que nadie quiere cargar, ya referidos: “Ley Mordaza” y «Ley Censura». Entonces ocurrió algo que también merece contarse: el Congreso escuchó. Tras el diálogo con el gremio periodístico, sus promoventes decidieron retirar la iniciativa.
Pero en medio de la turbulencia hubo un detalle político que vale la pena subrayar: quien dio la cara fue María José Osorio.
La diputada compareció ante los medios, explicó la decisión y asumió la responsabilidad política de la iniciativa. Hugo Alday no pudo, por un asunto de salud. Ricardo Velazco, por la razón que haya sido, tampoco apareció.
Así es que la escena fue clara: una sola legisladora frente al tema que provocó el escándalo. En política, eso también cuenta. Porque cuando una iniciativa genera polémica, la salida fácil es guardar silencio o evadir.
Eso no cambia el fondo del debate. El derecho a la propia imagen es importante, pero la libertad de expresión es fundamental. No significa renunciar a legislar sobre abusos digitales; de hecho, «Majo» Osorio anunció que la trabajará de otra forma.
Es un desafío real y debe atenderse. Pero cuidado con pretender regular con excesos. Ante todo, dicha labor exige técnica jurídica, diálogo y claridad. Con elecciones a la vista en 2027, no conviene una confusión entre «protección de derechos» y «blindaje político».
Si se quiere retomar el tema, tendrán que hacerlo con foros, otros especialistas y hasta con la prensa. Cuando se trata de libertad de expresión, un punto mal puesto podría rayar en la censura.
Hizo bien la prensa en reclamar. Hizo bien la diputada en rectificar.
