Por: Víctor Hernández
En la política quintanarroense, la voz del periodista resulta más incómoda que una interrogación en tribuna. Lo vimos esta semana en los pasillos del Congreso del Estado, donde una iniciativa que pretendía regular el “Derecho a la Propia Imagen” terminó guardada en el cajón de los objetos perdidos, no por falta de voluntad de sus promotores, sino por el peso de una realidad en un gremio que no admite mordazas.
La propuesta, que buscaba modificar el Código Civil, fue impulsada felizmente y con aire de triunfo por la diputada María José Osorio (PVEM), secundada por Ricardo Velasco (Morena) y Hugo Alday (PT), una iniciativa cobijada con la «noble» intención de garantizar la privacidad digital, que entres sus propias líneas escondía una intención que en las redacciones del estado, se leyó con claridad: regalarse los personajes públicos el control remoto de lo que el ciudadano puede ver y documentar.
¿Por qué dieron marcha atrás? La explicación oficial habla de «consenso», pero de trasfondo se evidenció un choque frontal con la libertad de expresión. Porque pretender que en un estado con la efervescencia de Quintana Roo el uso de la imagen sea un patrimonio exclusivo, es desconocer que el funcionario, al aceptar el cargo, acepta también el escrutinio público. La presión del gremio periodístico y el acto evidente de la inconstitucionalidad obligaron a los promoventes a retirar la mano antes de que el incendio político fuera incontrolable y quedaran calcinados.
Sin embargo, hoy, los nombres de Osorio, Velasco y Alday quedan registrados con una marca difícil de borrar. Se han erigido, quizás sin calcular el costo, como el trío que intentó ponerle un filtro de censura a la labor informativa. Quedaron señalados como los diputados locales que, desde la comodidad del recinto, pretendieron que la prensa pidiera permiso para escribir y exponer la realidad. Y es que aunque la iniciativa se retire, la intención de silenciar la crítica ya forma parte de su historial público y político.
Al final, este episodio nos recuerda que la libertad de prensa no es un privilegio de quienes escribimos, sino un derecho de quienes nos leen. En el Congreso del Estado entendieron, a la mala, que en Quintana Roo la imagen pública no es propiedad privada cuando se trata de rendir cuentas, y por ahora, el intento de amordazar la libertad de expresión ha fracasado, pero habrá que estar pendientes de que no intenten vender el mismo espejito, con otro nombre, en sesiones futuras. El tiempo, como siempre, será el que revele esas oscuras intenciones.
