Por Víctor Hernández Luna
La diputada local de Quintana Roo, Majo Osorio, ha presentado una iniciativa para reformar el Código Civil con el fin de proteger el derecho a la propia imagen. En apariencia, la propuesta busca blindar a los ciudadanos frente al uso indebido de fotografías y videos, especialmente en tiempos donde la inteligencia artificial y las redes sociales facilitan la manipulación digital. Sin embargo, más allá de la intención declarada, la iniciativa abre un debate profundo sobre prioridades y libertades.
El problema central es que la propuesta no garantiza de manera clara la protección de la libertad de expresión. Aunque la diputada afirma que no se trata de censura, ¿qué certeza puede tener la ciudadanía en su palabra si el texto de la iniciativa no lo establece con precisión? En un estado con múltiples retos urgentes, resulta cuestionable que se destinen esfuerzos legislativos a un tema que, en la práctica, podría convertirse en un instrumento para frenar la crítica y el periodismo.
La situación recuerda lo ocurrido en Campeche y otros puntos del país, donde acciones legales han derivado en el hostigamiento y encierro de periodistas, un precedente que genera preocupación. Si bien la protección de la imagen es un derecho legítimo, la forma en que se plantea esta reforma parece más cercana a un intento de blindar a figuras públicas contra la crítica que a un esfuerzo real por atender delitos graves que afectan a la población.
La iniciativa de Osorio corre el riesgo de ser vista como una medida viralizada, más orientada a la coyuntura mediática que a las necesidades reales del estado. Lo mejor sería no abrir un frente que pueda interpretarse como un atentado contra la libertad de expresión y, en cambio, trabajar en adecuaciones legales que atiendan delitos verdaderamente urgentes: violencia de género, corrupción, inseguridad, explotación laboral.
En conclusión, la propuesta de la diputada no solo es insuficiente, sino peligrosa. La defensa de la imagen personal no puede convertirse en un pretexto para coartar la crítica social. Quintana Roo necesita leyes que protejan a su gente, no iniciativas que siembran dudas sobre la confianza en sus representantes.
