Chetumal, Quintana Roo, 26 de enero de 2026.- La Comisión Permanente de la XVIII Legislatura del Estado turnó a comisiones una iniciativa para actualizar el marco normativo relacionado con la industria audiovisual, con el propósito de facilitar los procesos administrativos para la obtención de permisos de filmación y promover la inversión audiovisual como motor económico, protegiendo los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.
Se trata de una iniciativa promovida por los grupos legislativos de MORENA, PT y PVEM para adicionar disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, reformar la Ley de Turismo y la Ley de Filmaciones y Producción Audiovisual, todas del estado de Quintana Roo.
Para ello se busca dotar de facultades a la Secretaría de Turismo como cabeza de sector para que opere todo lo relacionado a la Comisión de Filmaciones y Producción Audiovisual del Estado, y expedir los avisos y permisos de filmaciones, con el fin de generar mayor certeza jurídica y transparencia tanto para las autoridades estatales como para las y los productores cinematográficos y audiovisuales.
En materia de seguridad, se dio lectura a una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo; presentada por el diputado Filiberto Martínez Méndez, mediante la cual se propone la creación de la Dirección de la Policia Cibernética, con las facultades necesarias para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en materia de ciberdelitos y con ello atender a la población quintanarroense.
También se turnó a comisiones una iniciativa para reformar el artículo 72 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Diana Gutiérrez García, y los diputados Hugo Alday Nieto y Rubén Carrillo Buenfil, del grupo legislativo del PT, para incluir la ozonoterapia en el ejercicio de actividades profesionales que requieren para su ejercicio, los títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
