En un debate del Consejo de Seguridad sobre cómo evitar las consecuencias no deseadas de las sanciones, el titular de la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que a pesar de la atención que se presta a este riesgo y al diálogo frecuente con la comunidad de socorro, las sanciones de la ONU y de los Estados miembros a menudo castigan a la población civil que nada tiene que ver con la situación que dio lugar a ellas.

“Las sanciones están presentes en muchas operaciones de ayuda humanitaria. Afectan nuestras actividades directa e indirectamente y afectan a los civiles, incluso cuando este efecto no es intencional. Por muy inteligentes o específicas que sean, su cumplimiento es un elemento cotidiano en el trabajo de los organismos humanitarios. Pueden perturbar nuestra logística, nuestras finanzas, nuestra capacidad de entrega”, dijo Martin Griffiths.

Agregó que estas imposiciones pueden retrasar o estancar los proyectos humanitarios y amenazar el bienestar de sectores enteros de la sociedad civil.

Impacto positivo

El coordinador de Ayuda de Emergencia reconoció que en algunos casos las sanciones fuerzan al cumplimiento de las leyes humanitarias y citó como ejemplo la liberación de niños soldados reclutados por grupos armados no estatales en la República Democrática del Congo.

Refirió también que en Somalia, y actualmente en Afganistán, las sanciones se han adaptado para permitir la continuación de las operaciones humanitarias.

No obstante, Griffiths expuso una serie de preocupaciones por la imposición de sanciones en países que ya antes de que se dispusiera la medida sufrían crisis humanitarias, donde los civiles ya eran vulnerables y las instituciones frágiles.

Dificultades

Explicó que el acceso y los principios humanitarios se ven presionados por las exigencias de las sanciones ya que éstas dificultan que las agencias humanitarias traten con personas o entidades sancionadas que tienen un control significativo en la vida de poblaciones enteras.

“Además, la independencia humanitaria, la neutralidad y, en última instancia, la imparcialidad pueden verse socavadas, por ejemplo, por las exigencias de investigar y potencialmente excluir a los destinatarios individuales de la ayuda humanitaria”, apuntó.

Igualmente, los bancos y otros operadores comerciales pueden denegar servicios a clientes humanitarios con el objetivo de evitar cualquier riesgo de sanción o enjuiciamiento.

Los operadores comerciales que intercambian alimentos, combustible u otros suministros básicos también pueden optar por pecar de precavidos y eso puede conducir a la escasez y aumentos de precios, lo que es especialmente desastroso en países frágiles que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos y que ya atraviesan una crisis humanitaria.

“Las excepciones humanitarias, como las que tenemos ahora en Afganistán, pueden permitirnos continuar con nuestros programas para aquellos en mayor riesgo. Sin embargo, no pueden sustituir las importaciones comerciales y los servicios estatales básicos”, recalcó el titular de OCHA.

Destacó además que cuando los ministerios y departamentos están dirigidos por personas incluidas en la lista, las sanciones dirigidas a figuras y movimientos políticos pueden limitar la prestación de servicios sociales y la estabilidad económica.

Espacio para las agencias de ayuda

En este contexto, urgió al Consejo de Seguridad y a los Estados miembros a garantizar que las sanciones aplicables en los conflictos armados no impidan las actividades de asistencia y protección de las organizaciones humanitarias imparciales para las personas que no están luchando, “independientemente de su lealtad o filiación”.

Griffiths subrayó también la necesidad de que se asegure que las sanciones no restrinjan el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación, el agua, la vivienda y la salud.

Catorce regímenes de sanciones

La secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, por su parte, enfatizó la importancia y logros de las sanciones a lo largo de la historia de la ONU.

Rosemary DiCarlo refirió que actualmente hay 14 regímenes de sanciones decididas por el Consejo de Seguridad, detallando que éstas apoyan la resolución de conflictos en Libia, Malí, Sudán del Sur y Yemen. En Guinea Bissau, su objetivo es disuadir cambios inconstitucionales de gobierno.

En la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Somalia, frenan la explotación ilícita de los recursos naturales que financian las actividades de los grupos armados ilegales.

En Corea del Norte limitan las actividades de proliferación de armas nucleares y, en los casos del ISIS y Al-Qaeda contienen las operaciones terroristas.

Pese a estos efectos positivos, DiCarlo coincidió con el coordinador humanitario en que, las sanciones suponen preocupantes consecuencias no deseadas o adversas, aunque ya no se apliquen con la rigidez del pasado.

Estrategia política integral

“Las políticas de eliminación de riesgos y el cumplimiento excesivo son probablemente dos de los problemas más importantes que enfrentan los actores humanitarios. Los actores financieros y otros proveedores de servicios pueden imponer condiciones adicionales, aumentar sus costos o simplemente negarse a proporcionar los bienes y servicios solicitados, inhibiendo así la entrega de asistencia humanitaria”, apuntó.

La alta funcionaria consideró que para minimizar estas consecuencias, entre otras medidas, es fundamental que los comités de sanciones y los Estados miembros supervisen constantemente el posible impacto humanitario de las restricciones.

Pero lo más importante para que las sanciones sean eficaces, es que formen parte “de una estrategia política integral que funcione en conjunto con el diálogo político directo, la mediación, el mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales”, puntualizó DiCarlo.