La totoaba (Totoaba macdonaldi), también conocida como corvina blanca, estuvo en peligro crítico de extinción en la naturaleza hasta 2021, cuando se mejoró su estado a vulnerable. Se ha cultivado en corrales en aguas mexicanas durante unos 20 años. Durante la primera década, fue en un esfuerzo por socorrer a la población salvaje, mientras que en los últimos 10 años la totoaba se ha estado vendiendo a nivel nacional.

Pero la medida de ampliar el mercado más allá de México a los consumidores internacionales ha provocado la indignación de los conservacionistas. Mientras que algunos dicen que impulsará el crecimiento económico, ellos argumentan que promoverá el tráfico ilegal.

Preocupación, pero sin consenso

La totoaba, un gran pez endémico del golfo de California, es muy codiciada por su vejiga natatoria, también conocida como «buche». Este órgano lleno de gas ayuda a los peces óseos a regular su flotabilidad. Los cazadores furtivos extraen los buches de la totoaba y las venden por 60 000 dólares. Algunos lo consideran un afrodisíaco o una cura para dolencias en la medicina tradicional china.

El comercio ha alimentado la pesca de totoaba salvaje, que es ilegal, y ha llevado a otra especie, la vaquita marina, al borde de la extinción. Estas pequeñas marsopas deben salir a la superficie para respirar, pero suelen ahogarse tras quedar atrapadas en las «redes de enmalle» de malla fina que se colocan para la pesca de totoaba.

Estas redes son ilegales desde 2015, cuando las autoridades mexicanas emitieron una prohibición temporal de su uso en el golfo de California. La prohibición se hizo permanente en 2017, pero no se ha aplicado bien. Se estima que actualmente no quedan más de 10 vaquitas marinas en libertad, lo que la sitúa entre las especies más amenazadas del planeta.

La decisión de la Cires «abrirá una enorme laguna que será explotada por quienes quieran comerciar con la vejiga natatoria», afirma Clare Perry, responsable de la campaña sobre el clima y los océanos de la organización no gubernamental (ONG)  Environmental Investigation Agency.

«Hay una enorme demanda de vejigas natatorias y va en aumento. Sencillamente, las poblaciones de totoaba de cultivo nunca podrán satisfacer esa demanda», añade.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, otra ONG, dice que su preocupación es que una vez que se inicie el comercio, la totoaba capturada ilegalmente podría hacerse pasar por legal.

«Aunque existe una norma oficial mexicana de trazabilidad [para evitarlo], en la práctica es muy difícil», argumenta. «Si las redes del crimen organizado comienzan a blanquear el comercio de totoaba silvestre, esto podría conducir a un aumento en su pesca, poniendo aún más presión sobre la vaquita», añade Olivera.

Pero Luis Enríquez, de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Baja California, no está de acuerdo. Experto en trazabilidad genética, explica que la actual norma de trazabilidad de la totoaba, creada en 2018, exige códigos QR y etiquetas.

Cuando hay una irregularidad, se realiza un análisis genético para verificar si el pescado es de criadero o de captura silvestre. Esto no lleva más de tres días, explica.

«La crítica es que en México no existe la tecnología, ni la capacitación del personal de campo para poder detectar si esto (una captura de totoaba) es legal o ilegal. Es muy caro hacer la prueba, sí, pero no digan que no tenemos la capacidad, porque eso ya lo tenemos desarrollado. Tenemos los marcadores, se puede hacer», dice.

Enrique Sanjurjo, ex subdirector del programa de océanos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) México y director de Pesca ABC, organización que representa a los pescadores de Baja California, coincide en que la norma es bastante estricta en cuanto a la forma de producir, comercializar y hacer trazable la totoaba. Si funciona, el pescado capturado ilegalmente no debería exportarse.

En México existe un sistema de áreas designadas llamadas Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, conocidas por sus siglas UMA, y gestionadas en parte para la conservación de la biodiversidad.

«En general, el sistema de las UMA es una de las pocas cosas de este país que no funciona tan mal», argumenta Sanjurjo.

A través de las UMA, ya se han establecido medidas de trazabilidad para el comercio nacional de totoaba de cultivo, tanto para la carne como para otras partes y derivados del pescado, a excepción de la vejiga. La norma establece que todos los peces deben tener códigos QR y etiquetas que registren sus movimientos a lo largo de la cadena de suministro, desde la UMA hasta el punto de venta.

Los requisitos actuales dictan que las explotaciones de acuicultura deben estar registradas como UMA por el Ministerio de Medio Ambiente.

Deben disponer de documentos que contengan información detallada como la especie de pescado, el número de UMA, el número de registro fiscal, el peso del pescado, su estado, sea entero, eviscerado, fileteado, fresco, refrigerado, congelado, o seco. Las granjas de cultivo también deben ser capaces de demostrar el marcado genético mediante el genotipado.

Algunos ven la oportunidad

Pablo Konietzko, director de Earth Ocean Farms, dice que la empresa tiene una trazabilidad genética de 99,9 % de precisión, con etiquetas que van en cada pescado. Una factura con código QR verifica el origen legal del producto, y acompaña cada envío a cada cliente, desde un distribuidor hasta un restaurador.

«Nuestra actividad es la acuicultura, no la pesca extractiva. Comercializamos la carne y no la vejiga natatoria. Y en los últimos nueve años que llevamos allí, no ha habido [contrabando] en ese sentido», explica Konietzko.

Además, añade que la aprobación abre grandes oportunidades para que otras explotaciones, empresas y cooperativas produzcan, adquieran y obtengan el registro en Cites para exportar legalmente. «Abre un mercado que no ha sido explotado legalmente», remarca.

Enríquez está de acuerdo y destaca que desde hace 25 años el objetivo es cultivar la totoaba para el bienestar económico, el crecimiento del sector agrícola y el beneficio de las comunidades costeras. «Tiene el potencial de convertirse en un motor económico. Esa carne es muy codiciada», asegura.

Sin embargo, para Olivera no está claro qué pasará con la vejiga, que es más valiosa que la carne. Earth Ocean Farms ha prometido destruirlas.

«¿Cuál va a ser el mecanismo de verificación de esta promesa que hizo la empresa?», se pregunta. «Es difícil de creer que, con los costos de producción que tienen, resulte que no exporten las vejigas y las quemen. ¿Quién va a quemar billetes de 100 dólares?», inquiere.

Aunque se discute si la aprobación de la Cites es o no beneficiosa para la especie, lo cierto es que las medidas aplicadas hasta la fecha por el gobierno mexicano para detener la caza furtiva de la totoaba y proteger a la vaquita han sido insuficientes.

El gobierno mexicano ha sido ampliamente criticado por sus políticas ineficaces, ya que la pesca ilegal continúa en el golfo de California.

Varias organizaciones locales e internacionales, como Sea Shepherd, han asumido la responsabilidad de trabajar junto a las autoridades para proteger a la vaquita marina enfrentándose directamente a la pesca ilegal, lo que a menudo ha provocado conflictos violentos.

Pero el impacto real de la decisión de la Cites sobre las poblaciones de totoaba y vaquita sólo se conocerá cuando comiencen las exportaciones.

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino