Whashington, E.E.U.U., 15 de abril de 2025 (IPS).- Los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele reafirmaron su identidad política y su alianza para utilizar a cárceles de El Salvador como depósito de personas expulsadas de Estados Unidos, incluso soslayando decisiones de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, durante una entrevista formal en esta capital.
Trump recibió a Bukele el lunes 14 en su despacho de la Casa Blanca, en medio de la polémica por un “error administrativo” de Washington que deportó a El Salvador y colocó tras las rejas en la temida megacárcel Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorrismo) al migrante salvadoreño Kilmar Abrego García.
Abrego fue uno de los 23 salvadoreños, acusados de pertenecer a la banda M-13, deportados el 15 de marzo por Estados Unidos, junto a 238 venezolanos, de los cuales 137 fueron señalados como integrantes de la banda “Tren de Aragua” y otros 101 simplemente eran migrantes ilegales.
Todos fueron internados en las duras celdas del Cecot, junto a miles de salvadoreños acusados de integrar peligrosas pandillas, luego de ser conducidos encadenados, semidesnudos, agachados -algunos golpeados- y con el cráneo rasurado, según mostró un video producido, editado y difundido por el gobierno salvadoreño.
Pero un tribunal estadounidense del nororiental estado de Maryland estableció, a pedido de su esposa y abogados, que Abrego, un padre de familia con un trabajo legal en Estados Unidos, estaba legalmente en el país desde hace 14 años y no tiene antecedentes penales.
El tribunal demandó que Estados Unidos traiga de vuelta a Abrego, y los nueve jueces de la Corte Suprema avalaron ese fallo -a pesar de que su mayoría conservadora se ha inclinado a favor de Trump otras veces- y requirieron al gobierno que faciliten el retorno del migrante salvadoreño.
Cuando periodistas preguntaron a Trump si traería de vuelta a Abrego, cedió la palabra a su fiscal general, Pam Bondi, quien dijo que “es cosa de El Salvador. Si quieren devolverlo, lo facilitaremos, es decir, mandaremos un avión”.
Stephen Miller, arquitecto de medidas antiinmigrantes de Trump, dijo que “sería muy arrogante decir a El Salvador cómo debe gestionar los asuntos de sus ciudadanos”.
Con ese preámbulo se efectuó la reunión Trump-Bukele, en la que el estadounidense elogió al salvadoreño “por el gran trabajo que estás haciendo” y, en un vídeo divulgado por El Salvador, informalmente planteó a su huésped que “tienen que construir unos cinco lugares más”, en obvia alusión al Cecot.
Trump ha dicho que le gustaría que también estadounidenses juzgados por crímenes fueran enviados al Cecot, y su oficina de prensa dijo que el mandatario está estudiando los aspectos legales del asunto, lo que abre un nuevo frente de debates legales y políticos dentro de Estados Unidos.
El Cecot, con capacidad para 40 000 presos, ha sido denunciado como una instalación y parte de un sistema carcelario y de justicia que viola flagrantemente derechos humanos, por entidades de las Naciones Unidas, del sistema interamericano de derechos humanos y organizaciones humanitarias independientes.
Entre otras violaciones se han denunciado detenciones arbitrarias, ausencia de debido proceso, juicios colectivos, condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso la muerte de algunos internos.
En la reunión en la Casa Blanca periodistas preguntaron a Bukele si estaba dispuesto a devolver a Estados Unidos a Abrego.
“La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo introducir clandestinamente a un terrorista en Estados Unidos? Por supuesto que no voy a hacerlo. No tengo poder para devolverlo”, contestó el gobernante centroamericano.
Declararse impotentes para resolver el caso de un inmigrante comprobadamente encarcelado por error contrasta con la condición de ser mandatarios investidos de amplios poderes constitucionales y legales, y con su vocación y estilo de actuar de manera expedita incluso en contradicción con otros poderes del Estado.
De ese modo, la alianza tejida en torno a la ubicación de deportados desde Estados Unidos en cárceles del extranjero sirve además a los presidentes para exhibir firmeza y “mano dura” en otros campos de la acción gubernamental.
En el caso de Abrego, la oposición demócrata al gobierno republicano en Washington se dispone a sostener el pulso y un senador de Maryland, Chris Van Hollen, así como varios congresistas, prevén que si el migrante no es devuelto viajarán en los próximos días a El Salvador para comprobar su estado y exigir su liberación.
Este artículo fue publicado originalmente por IPS Inter Press Service
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