“Aunque es una buena noticia que relativamente pocas empresas grandes hayan fracasado, la caída de su capital productivo implica una cicatriz importante y amenaza el crecimiento económico de la región”, afirmó Andrew Powell, asesor del departamento de investigación del BID.

Más de dos años después del inicio de la pandemia, las cifras de capital productivo siguen estando 20 % por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, y se necesitan nuevas políticas para ayudar a las empresas a impulsar la inversión y el crecimiento, según el informe.

El estudio, “Empresas prósperas para una recuperación sólida”, fue elaborado por expertos del BID y del Centro para el Desarrollo Global (CGD en inglés), ambas entidades basadas en esta capital.

Mediante un análisis de los balances de las empresas de mayor tamaño, en el informe se describe la manera en que han navegado la crisis, recortando costos variables e inversiones, pero también se abordan las pequeñas y medianas empresas, que sufren en mayor medida, con cierres y restricciones de acceso a crédito.

La pandemia además “ha tenido impactos sin precedentes en los mercados laborales”, con fuertes caídas en el empleo y en las tasas de participación.

El informe recordó que al comienzo de la pandemia la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que hasta tres millones de empresas del sector formal (16 % del total), en su mayoría pequeñas, podrían cerrar sus puertas como consecuencia de la crisis económica y sanitaria desatada.

Pero con base en los datos analizados, el nuevo estudio concluye que los cierres fueron menores a lo esperado y que en algunos países, como Bolivia y Perú, incluso hubo, en 2020 y 2021, menos quiebras de empresas que en 2019.

La creación neta de empresas se mantuvo en los años de pandemia similar a la de 2019 en Bolivia, Brasil y Perú, por ejemplo, y, en cuanto a declaraciones de insolvencia, en Colombia la cifra de 2020 fue similar a la de 2019 y en Brasil incluso se redujo.

Chile en cambio sí mostró un mayor porcentaje de cierre de empresas en 2020 (15%) en comparación con 2019 (ocho por ciento), y también la creación de nuevas empresas en 2020 estuvo muy debajo de los niveles de 2019.

Junto con la caída de la inversión, el estudio encontró que los niveles de endeudamiento siguen siendo elevados, particularmente en los sectores más afectados por la pandemia.

Además, la demanda de trabajadores formales disminuyó y el empleo informal aumentó considerablemente durante la recuperación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubicó a comienzos de este año la tasa de desocupación en 9,6 %, e indicó que de los 49 millones de puestos de trabajo que se perdieron en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones.

El estudio BID-CGD plantea que existe el riesgo de que la situación lleve a “una especie de covid económico de larga duración”, en la cual un sector privado débil no consigue crear puestos de trabajo ni estimular el crecimiento económico.

Para revertir esa situación, el informe expone que los gobiernos de la región deberían aplicar una serie de políticas para ayudar a las empresas a impulsar la inversión y contratar nuevos empleados.

Liliana Rojas-Suárez, directora de la Iniciativa para América Latina en el CDG, afirmó que “recuperar el capital es esencial para las empresas después de la pandemia”.

“Pero con el aumento de las tasas de interés a nivel mundial y local, y la gran incertidumbre en los mercados internacionales de capitales, es evidente que las empresas tendrán dificultades para obtener el financiamiento necesario para la inversión”, admitió Rojas-Suárez.

Ante ello, el estudio formula recomendaciones, la primera de las cuales es crear una nueva institución público-privada, independiente y de carácter transitorio, con el mandato de identificar y apoyar a las empresas que sufrieron durante la pandemia pero que aún son viables y necesitan inversiones.

Esta institución debe contar con personal del sector privado para evitar interferencias políticas, según el criterio del BID-CDG.

Luego, se propone la promoción de estrategias de digitalización en cada país, “con un enfoque en políticas costo-efectivas y que fomenten el crecimiento, como la priorización de la inversión en infraestructura digital”.

A continuación se piden “políticas para impulsar e incubar empresas jóvenes y prometedoras, y mejorar el acceso al capital de riesgo”, tanto a través de las redes internacionales como de los mercados locales.

Se recomiendan procedimientos legales más sencillos, transparentes y eficientes “que permitan a las empresas reorganizarse o declararse en quiebra de forma más eficaz”.

Finalmente, una mayor flexibilidad de los tribunales, mejores marcos de insolvencia, y un foro internacional de asistencia a las quiebras, ayudarían a las empresas fracasadas a reformarse o a concluir sus actividades.

Este artículo fue publicado originalmente por IPS Inter Press Service