La norma, aprobada en diciembre por el bloque continental, busca evitar la comercialización de productos básicos agrícolas (carne, cacao, café, aceite de palma, soja, madera) y sus derivados (como cuero, chocolates y muebles) vinculados a tierras que hayan sido deforestadas después de 2020.
La ONU estima que entre 1990 y aquel año, la deforestación llevó a la pérdida de 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una superficie mayor a la de la propia UE, con la agricultura como principal responsable.
“El propósito de esta ley es contribuir a la reducción de la deforestación mundial”, explica por correo electrónico a SciDev.Net Alain Karsenty, científico senior del Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional. “Pero dado el peso limitado (entre cinco y 10 por ciento) del consumo de la UE en la deforestación global, no puede esperarse que la detenga en Latinoamérica”.
Los productos de la región representan aproximadamente la mitad de la deforestación incorporada (aquella asociada con la producción de un bien) de la UE, segundo mayor socio comercial de Brasil y México, y tercero de Argentina, Colombia y Perú.
Para asegurarse de que sus importaciones sean libres de prácticas dañinas, Europa requerirá que ingresen a un sistema de trazabilidad con geolocalización de las parcelas donde se originan. En base a estadísticas de deforestación y políticas para combatirla, cada país será clasificado según una escala de riesgos que redundará en la cantidad de evaluaciones sobre sus proveedores.
Este sistema “será asequible para los productores de gran escala, pero muy difícil para los pequeños”, que suelen carecer de capital, fuerza laboral y entrenamiento para cambiar de una agricultura de tala y quema a prácticas más amigables con los bosques, adelanta Karsenty. “Muchos serán excluidos de los puntos de venta lucrativos, ya que los compradores considerarán riesgoso comprarles”.
Aunque algunos expertos reconocen que la norma ayudará a evitar que las cadenas de suministro global causen estragos en el ambiente, lamentaron la falta de garantías en otros aspectos.
Para la Alianza Global de Comunidades Territoriales (AGCT), que representa a 35 millones de personas de pueblos indígenas y comunidades locales de 24 países de América Latina, África y el Sudeste Asiático la ley “ha incluido resquicios que permitirán que los gobiernos sigan ignorando el derecho de las comunidades a la intangibilidad de los bosques, esencial para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”.
Aunque el Parlamento Europeo había votado en septiembre respetar los estándares internacionales sobre derechos de la tierra (como el consentimiento previo e informado), el acuerdo final determinó que los importadores sólo deberán verificar el cumplimiento de esas normas cuando estén consagradas por los países productores.
“Estamos decepcionados con la Unión Europea”, advirtió la AGCT en una declaración durante la COP15 de Diversidad Biológica, realizada del 7 al 19 de diciembre en Montreal, Canadá. “Ha puesto nuestro destino en manos de los mismos gobiernos que violaron nuestros derechos”.
En esa línea, la ONG Fern (dedicada a monitorear el involucramiento europeo en la protección de los ecosistemas), planteó que “en Brasil hemos visto las consecuencias letales de esto: durante los últimos cuatro años, la administración de Bolsonaro atacó en forma despiadada los derechos de las personas indígenas mientras se aceleraba la deforestación del Amazonas”.
“La ley es una esperanza para la conservación de bosques y selvas, pero no reconoce nuestros derechos”, insiste en diálogo telefónico Fany Kuiru, abogada del pueblo Uitoto, ubicado en la Amazonía colombiana y peruana.
“Somos los mayores dueños de los bosques, y por tanto, los más afectados por la deforestación y la quema, detrás de las cuales están los grandes intereses del monocultivo y la ganadería intensiva”, subraya.
Los legisladores europeos han diseñado la normativa “desde un escritorio y sin una lectura de la realidad territorial”, critica. Aunque los gobiernos latinoamericanos tengan conocimiento del acaparamiento de tierras o los incendios intencionales, “no hacen grandes cosas para impedirlo”.
Ejemplifica su argumento con el Caso Casino, en el que indígenas de Colombia y Brasil demandaron a esa cadena de supermercados francesa por la destrucción de su ambiente, algo que –sugiere– no podían desconocer políticos locales.
Antes que un boicot comercial, Karsenty propone un modelo que segmente los aranceles de importación de acuerdo a la implicación de cada producto en la destrucción de los bosques, y requiera garantías de los exportadores en relación a su origen.
“En Colombia no hay leyes ni vigilancia sobre la cadena de custodia de los productos que se originan en la Amazonia”, agrega Kuiru. Esas normas “deberían exigirse para saber dónde y cómo se producen los monocultivos de cacao, soja y aceite de palma”.
La AGCT reclama que la UE avance en acuerdos con los países exportadores para enfrentar las causas fundamentales de la deforestación, como la gobernanza débil o las inconsistencias en la titularidad de tierras.
La promoción de un comercio más justo también implicaría que la UE cofinancie programas nacionales para que los cultivadores adopten prácticas amigables con los bosques, sugiere Karsenty.
Así podrían seguir realizando sus actividades en un escenario que presenta una oportunidad inédita: detener la expansión de las fronteras agrícolas, una dinámica que pone en jaque la supervivencia de los más vulnerables.
Este artículo se publicó originalmente en SciDevNet América Latina.
