Ambos organismos expresaron “preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización de software malicioso Pegasus, empleado con fines de vigilancia ilegal en contra de periodistas y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, quienes investigan e informan sobre asuntos de relevancia pública”.

Un peritaje realizado por Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto, y la iniciativa Access Now, “determinó que al menos 35 personas de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña fueron intervenidas en sus teléfonos con el software creado por la empresa israelí NSO Group”.

Al menos 22 de los afectados son periodistas del portal de investigación El Faro, y se habrían intervenido además teléfonos de comunicadores de otros cinco medios y de tres organizaciones no gubernamentales.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH “ya había advertido sobre el uso de dicho software en otros países de América, y el riesgo que implica respecto a los derechos de víctimas de espionaje”.

Los periodistas estuvieron bajo vigilancia constante entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021, en fechas específicas que coinciden con momentos en los que el periódico adelantaba, había publicado, o estaba próximo a publicar reportajes de interés público, y en contextos de debates políticos nacionales relevantes.

“Este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que también tiene el potencial de afectar los derechos inherentes al ejercicio del periodismo, incluyendo la reserva e integridad de las fuentes, así como los derechos de otras personas de su entorno”, apuntó la declaración.

De los 22 miembros de El Faro intervenidos, 19 son beneficiarias y beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH desde el 4 de enero de 2021, y para ellos la Comisión y la OAcnudh, basada en Panamá, pidieron nuevamente velar por su protección.

También exhortaron al Estado salvadoreño, en particular a su Fiscalía General, a investigar los hechos denunciados “de manera efectiva e imparcial”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador ha presentado denuncias ante esa fiscalía por la intervención de las comunicaciones de la entidad y sus agremiados.

La respuesta oficial conocida hasta ahora es que “el origen de las intervenciones es desconocido por lo que se desarrollan las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad y autoría de tales hechos, los cuales habrían vulnerado también dispositivos y comunicaciones de funcionarios estatales”.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho desde el año pasado que con el espionaje a través del software malicioso Pegasus “se ha cruzado una línea roja” en muchos países para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia.

Informes de la organización humanitaria Amnistía Internacional dan cuenta de que con el software Pegasus para intervención de dispositivos electrónicos se ha espiado en varios continentes a más de 50 000 personas entre gobernantes, otros políticos, activistas de derechos humanos y periodistas.

“Estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de garantizar una supervisión y autorización estrictas”, ha dicho Bachelet, quien también fue dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018).

El documento de la CIDH y la OAcnudh insistió en ese llamado a “la moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia, hasta tanto se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos”.

Este artículo fue publicado originalmente por IPS Inter Press Service