En el video se aprecia la llegada al basurero de Cocula del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos de la llamada “Verdad histórica” antes de que se desarrollaran las diligencias que sustentan esa versión.

Momentos antes de la llegada de Murillo Karam, un grupo de 40 personas, entre ellas miembros de la Marina, descargan varios bultos en bolsas blancas, los queman en el basurero y los esparcen por la barranca que lleva al rió San Juan.

De acuerdo con la investigación del GIEI, el dron que sobrevoló la zona y tomó las más de 100 horas de video que fueron puestas a disposición del Grupo sólo podía operarse bajo orden directa del presidente del país o del secretario de Marina, es decir, Enrique Peña Nieto o Vidal Francisco Soberón Sanz.  

El 28 de enero de 2015 la entonces Procuraduría General de la República publicó su versión sobre la desaparición de los estudiantes en la que aseguraron que habían sido llevados a dicho basurero; sin embargo, esa versión fue desmentida por las investigaciones de este Grupo de Expertos independientes. Los hallazgos presentados este lunes terminan por desmentir esa versión. 

Un mes después de la noche en la que los alumnos de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos, el 27 de octubre, agentes del gobierno federal aseguraron que habían encontrado restos óseos en el basurero cercano del municipio de Cocula; sin embargo, las averiguaciones del grupo de expertos determinaron que hubo presencia de diversas personas horas antes al hallazgo reportado por la PGR, momentos durante los cuales prepararon una escena del crimen ficticia. En el video publicado este martes se observa la intervención en la zona de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las seis y media hasta las once de la mañana de ese día. 

El video fue obtenido a finales de septiembre de 2021, cuando el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de la Defensa y a todas las instituciones pertinentes que abrieran los documentos relativos a esa noche y gracias a la intervención de Omar Gómez, quien encabeza la Unidad de Investigación y Litigio en el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. 

Según la información que ha sido dada a conocer desde la orden presidencial, se ha logrado tener acceso a evidencia que coloca la atención en diversos actores que aún ocupan cargos en las instituciones de justicia del país o que, si ya no los tienen, por lo menos operan redes de poder aún muy fuertes, aseguraron los integrantes del GIEI. 

“Contamos con más información pero todavía faltan otros documentos, sobre todo algunos de inteligencia que se han pedido en reiteradas ocasiones y que son necesarios para esclarecer la verdad”, señaló al respecto Claudia Paz y Paz, una de las tres integrantes del GIEI. 

La simulación en la que incurrió la PGR tuvo tres momentos, según explicó otra de las integrantes del grupo, Ángela Buitrago: el primero fue cuando sucedió la desaparición; el segundo, cuando se inició la investigación y el tercero mientras se lleva a cabo. En estos tres momentos las autoridades ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos y crearon elementos para hacer creer que no conocían el paradero, la desaparición y la situación de violencia en Iguala, explicó Buitrago. 

“Encontramos elementos para poder decir que se perdió desde el primer momento, la verdad. La justicia se venció, el derecho de no repetición se negó, y la reparación va a ser muy compleja. Hay simulaciones en la forma, fecha y lugar de las detenciones de los supuestos culpables. Lo peor es el acto de tortura, que perjudicó la investigación”.

Buitrago.

Según la información a la que el GIEI tuvo acceso, las fuerzas armadas sostuvieron acciones de inteligencia los días 26 y 27 de septiembre, como parte de un seguimiento contrainsurgente histórico de las actividades de la Normal rural de Ayotzinapa, por lo que había una orden expresa de dar seguimiento a los estudiantes desde dos días antes. 

El GIEI informó que las autoridades de seguridad contaban con información minuto a minuto de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre proporcionada por jóvenes del Ejército infiltrados, que iban a bordo de los autobuses en los que viajaban los estudiantes de la normal. 

“Hay información que se nos ha facilitado, pero lo más importante es la investigación. Lo que ya mencionaba, que los militares controlaban el C4, sucesivas declaraciones de los integrantes del Ejército, hubo declaraciones paralelas y procesos disciplinarios al interior de las fuerzas armadas”, aseguró Claudia Paz y Paz.

A pesar de que desde 2018, en el inicio de esta administración federal, se prometió la resolución del caso Ayotzinapa, esta información no había sido dada a conocer. Ni siquiera se había dado a conocer después del regreso del GIEI, acordado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano en 2020. Así como esa, hay otros pedazos de información que siguen en poder de varias dependencias del gobierno de México y que aún no se conocen. 

“Se me acaban las ideas para seguir insistiendo, pero hay que hacerlo, sobre la entrega de todos estos elementos”, comentó Ángela Buitrago sobre las demandas de apertura de esos documentos. “Hay una simulación al cumplimiento de una orden, que implica que todas las autoridades deben entregar esa información”.

El GIEI señaló que no se puede soslayar la participación de grupos de delincuencia en el caso: 22 personas que podrían tener información sobre la investigación han muerto, sólo dos de ellas de muerte natural.

El Grupo de Expertos Independientes señala que aún falta tener acceso a los documentos elaborados por los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que tuvieron el día a día frente al seguimiento de dónde podían estar los muchachos. A pesar de que los expertos tienen algunos documentos con el nombre y logo de ese centro fechados en septiembre de 2017, se les ha dicho que ese centro solo operó durante 2015. 

Al final de la presentación, Francisco Cox, el tercer integrante del Grupo de Expertos, leyó una recomendación a la Secretaría de la Defensa, en la que piden que la información que se les ha dado también debe ser entregada a la Unidad de Investigación Especializada.

Los expertos señalaron que aún no cuentan con información suficiente para determinar el paradero de los normalistas de Ayotzinapa.

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página, la plataforma de la red mexicana de Periodistas de A Pie.