Chetumal, Quintana Roo, 2 de julio de 2024. - En colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Gobierno de Quintana Roo desarrolla acciones para fortalecer sus capacidades de detección, canalización y protección de víctimas de delitos relacionados con la trata de personas.
Un ejemplo es el curso Ruta de Detección y Canalización de Víctimas de Trata de Personas, realizado en esta ciudad y dirigido a integrantes de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.
La capacitación fue promovida por la Secretaría de Gobierno, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama y como parte de las acciones para consolidar un servicio público que privilegia el respeto de los derechos humanos.
Desde 2023, la OIM brinda acompañamiento técnico al Gobierno del Estado, a través de esta Comisión Interinstitucional, como parte de las estrategias para el fortalecimiento de la capacidad instalada para prevenir y combatir los delitos en materia de trata de personas.
La OIM tiene una perspectiva global de cara a la trata de personas y lucha contra todas las formas de explotación de personas migrantes, y especialmente contra las graves violaciones de derechos humanos que sufren las personas víctimas o potenciales víctimas de trata.
Las actividades de la OIM se implementan con aliados de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, como es el caso de Quintana Roo, donde participa como invitada permanente de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas.
En el curso participaron representantes de las secretarías de Gobierno; Seguridad Ciudadana; Salud; Desarrollo social; Educación; Desarrollo Económico; Turismo; Sistema DIF y Trabajo y Previsión Social.
También formaron parte representantes de la Fiscalía General del Estado; Instituto Quintanarroense de la Mujer; Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y de los Ayuntamientos.