“La violencia, los malos tratos y las expulsiones siguen denunciándose con regularidad en múltiples puntos de entrada en las fronteras terrestres y marítimas, dentro y fuera de la Unión Europea”, afirmó en una declaración el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Por ejemplo, “es alarmante ver informes recurrentes y consistentes de las fronteras terrestres y marítimas de Grecia con Turquía, donde Acnur ha registrado casi 540 incidentes notificados de devoluciones informales por parte de Grecia desde principios de 2020”, dijo Grandi.

En campamentos en las islas griegas del mar Egeo hay unos 17 000 migrantes, muchos de ellos provenientes de países del Medio Oriente y que accedieron desde las costas turcas, en condiciones duras según organizaciones humanitarias y a la espera de que las autoridades autoricen su paso a tierra firme.

El ministro griego de Migración, Notis Mitarakis, se mostró “sorprendido” por la declaración de Grandi y dijo que su país “protege las fronteras exteriores de la Unión Europea, en pleno cumplimiento del Derecho Internacional” y salva cada año miles de vidas en el Egeo “a falta de acción de las autoridades turcas”.

Grandi dijo que también se han registrado incidentes inquietantes en el centro y el sureste de Europa, en las fronteras con Estados miembros de la Unión Europea.

“Aunque muchos incidentes no se denuncian por diversos motivos, Acnur ha entrevistado a miles de personas en toda Europa que fueron rechazadas y que alegaron haber sido objeto de un inquietante patrón de amenazas, intimidaciones, violencia y humillación”, sostuvo Grandi.

En el mar, “las personas informan de que se les deja a la deriva en botes o, a veces, se les obliga a tirarse directamente al agua, lo que demuestra una cruel desconsideración por la vida humana”, aseveró.

Insistió en que en Egeo “se han registrado al menos tres personas fallecidas en este tipo de incidentes desde septiembre de 2021, incluyendo la más reciente en enero”.

Focos de migración indeseada por Estados europeos se registran también en el Mediterráneo central, con quienes así buscan llegar desde Libia; en el Atlántico español, con migrantes que arriban en frágiles botes (pateras) desde costas africanas, y en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) contabilizó que 1553 personas murieron en 2021 en aguas del Mediterráneo central, cuando intentaban ganar las costas europeas en barcos que naufragaron, provenientes de Libia.

MSF conduce operaciones de rescate de esos migrantes, en su mayoría oriundos de África subsahariana, a pesar de la poca o nula colaboración de las autoridades marítimas y de migración de Italia y Malta, principalmente.

Las autoridades europeas, según MSF, ceden a Libia la responsabilidad de supervisar las operaciones de rescate en una vasta zona del Mediterráneo, en lugar de garantizar una capacidad estatal de búsqueda y rescate proactiva, mientras en el país africano miles de migrantes y refugiados son detenidos en condiciones infrahumanas.

Grandi dijo que “en las fronteras terrestres se denuncian con frecuencia prácticas igualmente terribles, con testimonios consistentes de personas a las que se les despoja de la ropa y calzado y se les empuja brutalmente a retornar en condiciones climáticas adversas”.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado esa situación en particular en la fría frontera entre Bielorrusia –a donde llegan miles de migrantes provenientes de países del Medio Oriente- y Polonia, que rechaza su ingreso al espacio de la Unión Europea.

“Salvo unas pocas excepciones, los Estados europeos no han investigado estos informes, a pesar del creciente número de pruebas creíbles. En cambio, se están levantando muros y vallas en varias fronteras”, deploró Grandi.

Añadió que ha recibido informes de que algunos refugiados pueden haber sido devueltos a su país de origen, a pesar de los riesgos que corrían allí, lo cual contraría el principio jurídico internacional de la “no devolución”.

Recordó Grandi que “el derecho a solicitar y disfrutar del asilo no depende del modo de llegada a un país”, y que las personas que huyen de la guerra y la persecución “tienen pocas opciones disponibles”, por lo que “es poco probable que los muros y las vallas sirvan realmente como elemento disuasorio”.

«Lo que está ocurriendo en las fronteras europeas es legalmente y moralmente inaceptable y debe terminar. Proteger la vida humana, los derechos humanos y la dignidad debe seguir siendo una prioridad compartida por todos”, concluyó.

Este artículo fue publicado originalmente por IPS Inter Press Service