El gremio periodístico mexicano ha quedado atrapado en una película de horror, en la que se entremezclan agresiones e impunidad, sin que las autoridades logren revertir la tendencia macabra.

Durante el primer mes de 2022, tres periodistas han sido asesinados en un inicio de año teñido de rojo para el sector, de por sí azotado por la violencia y por la crisis económica de los medios, agravada por los efectos de la pandemia de covid-19.

Para Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de la oficina mexicana de la no gubernamental Artículo 19, varias fallas contribuyen con el ciclo violento.

“La violencia se genera y se reproduce por diversos factores, desde la precariedad laboral, que aumenta los riesgos, hasta la impunidad. Hay una ausencia del estado para prevenir la violencia y generar mecanismos y estrategias de prevención. Más de 40% de agresiones anuales fue perpetrado por servidores públicos. Además, hay casos de contubernio entre crimen organizado y autoridades”, dijo a IPS.

La experta advirtió: por la impunidad los ataques proseguirán. “Casi ningún delito se investiga o se llega a una condena, o solo se llega a autores materiales, no hay reparación del daño, ni prevención. Se violenta a la prensa para silenciarla, para causar miedo o autocensura. Sigue siendo rentable silenciar a la prensa, porque quienes más agreden son funcionarios públicos”, señaló.

La ejecución de la periodista Lourdes Maldonado el domingo 23 en la norteña ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, se suma a la escalofriante estadística de 28 comunicadores asesinados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cargo desde el 1 de diciembre de 2018.

El 10 de enero fue acuchillado José Luis Gamboa Arenas, periodista independiente y director del medio digital Inforegio Network en Veracruz, en el sudoriental estado homónimo, y el día 17 Margarito Martínez, fotorreportero independiente, fue acribillado también en Tijuana, considerada una de las ciudades más violentas de mundo.

Los asesinatos desataron la noche del martes 25 protestas múltiples de los comunicadores en más de 40 ciudades mexicanas con el lema “Periodismo en riesgo” y en que repitieron el grito de “ni silencio, ni olvido”, que no halla réplicas sociales que fortifiquen la inconformidad y obliguen a las autoridades a actuar.

Lo diferente -y esperanzador- de esta ocasión es que fueron numerosos los ciudadanos que acompañaron a los comunicadores en su protesta y que fue la primera que se extendió por tan numerosos puntos del país.

Con pancartas de repudio a la violencia, en demanda de justicia y de mejores condiciones laborales, docenas de periodistas se plantaron frente a la Secretaría (ministerio) de Gobernación, en el centro de Ciudad de México, para rechazar la violencia y exigir justicia por los crímenes.

Priscila Pacheco, hija de Francisco Pacheco –informador asesinado en el sureño estado de Guerrero en 2016–, manifestó a IPS durante el acto que “no nos sentimos seguros con el mecanismo de protección, van cinco minutos para tomarse la foto e irse. Cuando mi padre fue asesinado, se llevaron nuestra vida”.

Mientras por la pared del edificio, desfilaron carteles con los rostros de periodistas asesinados desde 2000, en recordatorio a su memoria y a la impunidad predominante.

En 2021, México ocupó la posición 143, de un total de 180 países considerados, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de la no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, y se ha convertido en uno de los sitios más riesgosos para el ejercicio de la profesión.

La violencia contra periodistas ha mutado en un problema estructural, pues desde diciembre de 2000 Artículo 19 –con base en Londres–, ha registrado 148 asesinatos de periodistas en México. Veracruz concentra la mayor cantidad de homicidios, seguido por el norteño estado de Chihuahua.

Las agresiones documentadas guardan relación con el tipo de cobertura efectuada al momento de los embates en temas como corrupción, política, seguridad y justicia.

Las acometidas portan un distintivo: la impunidad. La Secretaría de Gobernación reconoció este mismo mes que esa característica acompaña 90 % de los casos, por lo cual constituye el principal aliciente para los agresores, sean criminales, políticos o empresarios.

Otro dato más reafirma esa impunidad: en la última década, la fiscalía encargada de delitos contra la libertad de expresión abrió más de 3000 casos, pero solo 52 acabaron en condena.

Olvidados por la sociedad y desprotegidos por el gobierno, los informadores han recurrido a sus propios protocolos de seguridad, atarse los dedos o ponerse una mordaza en la boca, para evitar amenazas.

Los asesinatos de periodistas se suman a los 90 000 desaparecidos en este país latinoamericano de casi 128 millones de habitantes y a los más de 33 000 homicidios ocurridos en 2021, evidencia de una de las peores crisis de derechos humanos existentes en el mundo.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del no gubernamental Comité para la Protección de Periodistas –asentado en Nueva York-, la coyuntura proviene de fallas múltiples.

“El gobierno no ha podido o no ha querido parar la infiltración de grupos de delincuencia organizada en todos los niveles de la sociedad, incluyendo la política. México ha fallado en el fortalecimiento institucional, que ostentosamente pretende proteger a la ciudadanía, como las fiscalías y la policía. Simplemente, se han mostrado indiferentes ante la ola de violencia. No hay políticas integrales para proteger a los periodistas”, analizó para IPS.

Su diagnóstico es contundente: un autodebilitamiento por indiferencia.

Las estadísticas exhiben la falta de cumplimiento de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde 2012, y en especial del mecanismo de resguardo creado por ese marco legal.

Maldonado se había acogido al mecanismo especial, que abarca ya a unos 500 comunicadores, y Martínez había solicitado apoyo antes de su asesinato.

Respecto al asesinato de Maldonado, López Obrador ofreció el lunes 24 y martes 25, durante su conferencia matutina diaria, una investigación a fondo, promesa tomada con cautela por el gremio debido a similares ofrecimientos incumplidos.

Como en otros ámbitos, el gobierno nada en la esquizofrenia, pues López Obrador agravia un día sí y otro también a la prensa crítica de su gobierno, con lo cual acrecienta la vulnerabilidad de los periodistas, y al mismo tiempo tiene la obligación de su protección e investigación de los ataques.

A pesar de los informes, denuncias y exigencias del gremio, la violencia persiste, pues no representa costos políticos para los gobernantes mexicanos a nivel federal y estadual. Además, la llamada comunidad internacional no parece proclive a obligar a México a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Saucedo enfatizó en la obligación de las autoridades.

“Seguiremos trabajando con todos los niveles de gobierno, tejer redes entre sociedad civil y más apoyo en el gremio. Debemos aumentar la conciencia social sobre la labor de la prensa en México. Mientras más estrategias colectivas se generen, el costo político va a aumentar. Una de las exigencias es que la estigmatización y la criminalización deben parar. Lo único que generan es un ambiente mucho más adverso y ayuda a que la violencia se reproduzca”, demandó.

Para Hootsen, la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea pueden hacer más para que México proteja a los periodistas. “Estamos en un momento muy delicado. Desde un inicio, este gobierno ha manejado el discurso de que son diferentes y que quieren acabar con la corrupción e impunidad, pero los resultados han sido muy pobres. No le queda mucho tiempo para hacer un cambio real”, señaló.

Si no lo hace, adelantó, va a pasar a la historia como el gobierno que solo habló y no hizo nada para cambiar.

Y, por lo mismo, el gremio seguirá con el recuento de cadáveres.

Este artículo fue publicado originalmente por IPS Inter Press Service